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El tribunal Supremo dictó sentencia el día 13 de febrero de 2019, en la que, tomando como partida la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 procede a determinar si, en los casos en los que los órganos judiciales optaron por la interpretación de la legalidad ordinaria sin planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad de la normativa reguladora del tributo, resulta procedente atribuir a la Administración la carga de la prueba de la existencia del hecho imponible o, por el contario, le corresponde al sujeto pasivo, cuando alegue una minusvalía del terreno, aportar la prueba suficiente que permita concluir que el precio de la transmisión fue inferior al de la adquisición del bien.